Nadie hace justicia en dos minutos: La importancia de los procesos

"El principal objetivo de los Príncipes es la Justicia... Resulta más agradable instruir a la humanidad que destruirla." Nicolás Maquiavelo

La gente cree que votar las condenas de forma mayoritaria significa una mayor justicia, y hace un par de milenios atrás, una mayoría votó por crucificar a Jesús, evidentemente, no se ha aprendido mucho desde entonces. La característica que separa a un juez de un ciudadano ordinario principalmente es la imparcialidad que el primero tiene, a diferencia del segundo, quien está condicionado por prejuicios y emociones que pueden tener que ver con el delito a juzgar, lo cual obstaculiza todo grado de objetividad posible. La teoría que trata de eliminar la imparcialidad, conduce a una valoración de relativismo absurdo sobre la idea de cada persona respecto a lo que es justo y cómo debería expresarse en la realidad dicha valoración; por lo tanto, la característica principal de un juez es la imparcialidad, razón por la cual se considera el Poder Judicial como un órgano contra-mayoritario, y es así como se debe mantener, ya que de estar condicionada la opinión del juez por la presión de la mayoría, su situación laboral peligraría, con lo cual, pasaría de buscar la justicia, a buscar la conservación de su fuente de trabajo, y eso sería una escribanía, más que un poder judicial, tanto que en lugar de buscar ejercer justicia, buscaría el agrado de quienes procuran su fuente de trabajo. Por ende, de buscar un perfeccionamiento en el trabajo, pasaría a ser el objetivo la mera conservación del mismo, por tanto, se estaría -además- ante una involución en el aspecto institucional mismo.

Dejando a un lado el problema desde la perspectiva del juez,  éste continúa cuando analizamos el aspecto del pueblo; ante un juez que se inclina por el voto mayoritario a actuar de determinada manera ya ni siquiera deja paso a la supuesta "libre elección" de ideales de justicia, sino a un mero ajuste de parte de los candidatos "hacia donde sople el viento". Ahora tengo una pregunta interesante para hacerle a los lectores, en especial a quienes sostienen aún la teoría de la "justicia democrática", ¿se han sentido bien representados bajo el Poder Ejecutivo los últimos 20 años? Ahora imaginen esa sensación respecto de la justicia. Curiosamente este ideal tiene su fundamento en la filosofía de Jacob Rousseau, quien fundó los principios básicos bajo los cuales se ejecutaría la toma de la Bastilla en 1789 en Francia, con la consecutiva acción de guillotina bajo el movimiento jacobino a partir de 1793. La idea que tenía como fundamento la noble libertad de un hombre "naturalmente bueno", terminó por horrorizar a buena parte de la población cuando presenció ante sus ojos la ejecución de lo que antes parecía ser un noble ideal, y que luego desencadenó en una guerra civil en la cual el absolutismo monárquico amenazaba con retomar el poder, y aquellos que posibilitaron la instauración de la república serían los primeros en destruirla de haber continuado esto,  ya sea mediante la profundización de su ideal, o bien por vía de la restauración de los reyes de antaño, lo cual se resolvió mediante la acción cesarista de Napoleón en el conflicto intentando apaciguar el problema. El juez en ese contexto se vuelve una guillotina a manos del pueblo que cortará las cabezas necesarias para mantenerlo a éste contento, y una ola de violencia sólo será remediada mediante un nuevo cesarismo, lo cual sería un retroceso sobre la construcción de una república, ya que la necesidad de una medida así, debió ser superada hace tiempo. La irracionalidad de la postura rousseauniana, se basa en un principio sentimental de concreción de la "voluntad general", lo cual deja ver sin enigma en absoluto, el carácter ambiguo de dicho objetivo, y mediante la base de un sujeto específicamente creado a imagen y semejanza de la idea de Rousseau, se mide la realidad en base a una idealización de un supuesto hombre en estado naturaleza cuyo criterio es intachable; y esto tiene nula relación con la realidad.

Existen también dos posibles razones por las cuales se llega a reclamar por una "justicia democrática":

-Por un lado, el ciudadano común, que en un contexto de corrupción generalizada y degradación social, siente que su participación en los asuntos públicos es completamente irrelevante, y por tanto, reclama una justicia democrática que le "supla" aquello que la sociedad le ha "quitado", es decir, "al menos una para nosotros" dicen algunos, como si las acciones realizadas se pudieran revertir de alguna manera mediante una tasación -el viejo ejemplo de la mentalidad acreedor/deudor- , lo cual es característico de vivir en "sociedad", es decir, en un contrato que supuestamente acuerdan las partes (las personas) en las cuales se evalúan costos y beneficios, por supuesto que así, cada uno tasaría la justicia a la manera en que le parecería mejor, según la consideración de lo que la propia persona sienta que "le debe".

-Por otro lado, si la idea proviene de uno de nuestros representantes, la cosa tomaría otro color, debido a que, más allá de revestir la demagogia más brutal, se estaría ante la invitación de quienes detentan el poder, hacia una oclocracia, es decir, el gobierno de la ineptitud mayoritaria. La muchedumbre embrutecida pensaría que detenta el poder de juzgar y de sentenciar, cuando en realidad el empoderamiento vendría de parte de quienes se han contentado con esta medida, quienes la han propuesto y que luego se verían como los beneficiarios y como los detentadores del poder de manera indefinida, lo cual no podría sino conducir a un caos inminente, el perfecto caldo de cultivo para un gobierno totalitario, que bien podría ser compuesto por las mismas autoridades que han querido introducir la supuesta noble idea de "democratizar la justicia" para impedir el abuso de la corrupción en manos de familias judiciales, quedaría a disposición entonces la corrupción disimulada, en familias nuevas.

Por tanto, se estaría perdiendo el foco real de la cuestión. Ya que la idea de democratizar la justicia surge a raíz de una justicia corrupta e ineficiente, la opción entonces no sería la mencionada, sino reformar los mecanismos de elección de jueces, es decir, el concurso y las ternas efectuadas por el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, el modelo presidencialista nos deja en una situación de impunidad disimulada, puesto que para quien no conoce el funcionamiento mismo de las leyes, los jueces nacionales y federales que son previamente filtrados como candidatos, los designa el poder ejecutivo con acuerdo del Senado, el cual lo preside su vicepresidente, con lo cual, allí encontramos un pequeño vacío de impunidad que merece ser tratado. En segundo lugar, un estancamiento y una falta de funcionalidad de las instituciones republicanas provoca como reacción el deseo de intentar con formas inviables como la democratización de la justicia, en lugar de abogar por una reforma de la institución como tal, lo cual es el eterno retorno del mismo problema, el cual pretende solucionar un problema atacando el resultado, en lugar de la causa primera. Si el problema reside en la falta de sentido de participación de la población en los asuntos públicos (República), el ciudadano no debe tener facultad de designar un juez o un fiscal porque su imparcialidad se vería contaminada por los eventos que esa persona misma quisiera juzgar, pero por el contrario no habría problema en permitir que el ciudadano participe como veedor de la designación de jueces en las ternas y concursos, así como también, establecer las reglas de tolerancia bajo las cuales se admite la permanencia de un juez, dejando un margen lo más reducido posible para la corrupción. Porque siendo éste margen reducido a una consideración de suma benevolencia, en un contexto de corrupción generalizada, ya se estaría incluso ahí atacando gran parte de la mala praxis judicial con la mínima reducción del margen de error de los jueces y fiscales. En suma, la capacidad de veedor del ciudadano, así como el incremento de participación de los académicos jóvenes en el Consejo de la Magistratura, y un establecimiento por parte de los delegados que conducen el cuerpo de veedores de un reglamento de tolerancia respecto de las autoridades designadas, generaría la confianza suficiente del ejercicio institucional y una progresiva normalización del mismo.

Una vez más, la solución del problema sobre el resultado del problema pretende arrasar con un mecanismo cuya causa se encuentra antes. Es decir, el a-historicismo resulta como una postura absurda por no comprender el desarrollo de los acontecimientos actuales como una consecuencia de lo anterior, esto es, lo que fue solución hace dos siglos, hoy resulta un nuevo problema, debido a que la composición social ha cambiado y el paradigma lo ha hecho también, así como el presidencialismo fuerte fue una gran solución de transición de una monarquía a un república sin que eso conlleve una gran agitación social, hoy día se ve ineficiente por pertenecer a las soluciones de hace dos siglos que ha agotado las formas de resolver los conflictos de hoy. Las medidas-parche, son aquellas que, al igual que una cadena de montaje mal diseñada, pretenden arreglar cada producto nuevo que salga de ella esperando que en algún momento el producto salga bien, en lugar de arremangarse, calentar las neuronas, organizarse y cambiar el diseño de la línea y la máquina de montaje, con lo cual cabría hacerle otra pregunta al defensor de estas medidas-parche, ¿todavía está seguro de querer democratizar la justicia?

Matías Cajal García y Lucas Cianfagna.-